Resumen: La Audiencia desestima el recurso de apelación interpuesto contra el auto que negaba la autorización para decidir en solitario el cambio de domicilio y centro escolar de los menores. La resolución confirma que, según la sentencia de divorcio, cualquier traslado que aleje a los menores de su entorno habitual requiere el consentimiento de ambos progenitores o, en su defecto, autorización judicial. La Audiencia argumenta que el interés superior de los menores debe prevalecer, y que no se ha demostrado que el cambio de residencia y escolarización a otra localidad sea beneficioso para ellos, dado que han estado integrados en su actual entorno desde su nacimiento. Además, se destaca la falta de pruebas que respalden la idoneidad de los nuevos centros propuestos.
Resumen: Se alega, en primer lugar, que la demandada se limitó a presentar las declaraciones de IRPF, sin prestar asesoramiento fiscal, sobre los datos facilitados por la demandante, que llevaba su propia contabilidad y respetando además la dinámica de las declaraciones de los ejercicios anteriores, realizadas por otro asesor fiscal. Sin embargo los errores que motivaron la nueva liquidación y la sanción tributaria no solo se referían a problemas de contabilización de los gastos, sino esencialmente a la deducción de gastos sin soporte documental alguno (facturas), a la deducción de gastos de la vivienda habitual de la demandante en un porcentaje superior al de afectación a la actividad laboral, a la deducción de amortizaciones del inmovilizado, sin documentación de las facturas que justificaran la adquisición de dichos bienes de inmovilizado, y al equivocado criterio de la deducibilidad de los gastos relacionados con el vehículo. Esto es, no era tanto un problema de cuantificación de los gastos como de conocimiento y aplicación de los criterios interpretativos de la Agencia Tributaria que la apelante estaba obligada a conocer y a aplicar.
Resumen: Deber de información del asegurado sobre el siniestro. Se valora si el comportamiento del asegurado que abandona el lugar sin avisar a emergencias ni dejar los datos del siniestro a la policía municipal impidió que esta le realizara la prueba de alcohol en aire aspirado y de prevención de drogas. El tomador del seguro o el asegurado debe dar al asegurador toda clase de informaciones sobre las circunstancias y consecuencias del siniestro. Se alega por la aseguradora que no se informó a la compañía de seguros impidiendo verificar las circunstancias del siniestro que podían afectar al ámbito de delimitación del riesgo o de "posibles cláusulas limitativas de la póliza de seguros" que dolosamente intentaran ocultarse y fueran relevantes como la ingesta de alcohol o de sustancias psicotrópicas que limitan el riesgo asegurado. En caso de violación del deber de información, la pérdida del derecho a la indemnización sólo se producirá en el supuesto de que hubiese concurrido dolo o culpa grave. Las circunstancias en las que se produce la comunicación del siniestro no permiten deducir dolo o culpa grave que ha de interpretarse en sentido claramente restrictivo, tanto a la hora de valorar si ha habido dolo o culpa grave, como al estimar si se ha producido o no una verdadera infracción del deber de información. En todo caso, no se observa que resulte de aplicación algún tipo de exclusión que como cláusula limitativa debió ser expresamente aceptada.
Resumen: El art.36.2 LRCSCVM asimila al cónyuge viudo a la pareja de hecho estable, bien constituida mediante inscripción en un registro o documento público, que no es el caso, bien a una pareja que haya convivido un mínimo de un año inmediatamente anterior al fallecimiento o en un período inferior si tiene un hijo en común. El precepto no define qué entiende por "pareja de hecho estable". a la hora de interpretación el término convivencia al que alude el art.36.2 LRCSCVM debemos atender a una interpretación amplia. La existencia de una convivencia no permanente bajo el mismo techo de los integrantes de la pareja cuando ello obedece a circunstancias específicas justificadas no excluye que podamos considerar su relación asimilable al matrimonio si permanecen las notas de estabilidad, continuidad, exclusividad, notoriedad y comunidad de vida antes referidas.
Resumen: Se solicita la nulidad del contrato se suministro de energía eléctrica por vicio en el consentimiento, al alegar que se alteró uno de los componentes de la oferta, el coste operativo, en el momento de la firma del contrato, no pudiendo ser apreciado el cambio por la dificultad de comprensión de su formulación y la ubicación de la cláusula. Afirma el Tribunal que la sociedad demandada no tiene la condición de consumidor pues el contrato se suscribe para su actividad comercial y actúa con ánimo de lucro, por lo que únicamente cabe realizar el control de inclusión que requiere que el adherente haya tenido oportunidad real de conocer la condición general y por su redacción permita su comprensión. En este supuesto se dice que hubo alteración del dato entre la oferta y el contrato, pero en la cláusula no se aprecia pues figura identificado de igual forma y no está especialmente escondida, requiriendo la estimación de vicio del consentimiento que se pruebe por quien lo alega.Respecto de la penalización pactada por resolución anticipada del contrato, requiere que se acredite el perjuicio al suministrador y esto ocurre cuando se resuelve a los pocos días de su firma pues las inversiones no se amortizan, por lo que la indemnización es procedente.
Resumen: La sentencia apelada declara la existencia de intromisión ilegítima en el derecho al honor de la demandante condenando a la indemnización de los daños ocasionados que cifra en 15.000€.l La Sala reduce la cantidad señalada como indemnización, valorando que la declaración de la existencia de una intromisión ilegítima en el derecho al honor conlleva la fijación de una indemnización por el daño moral causado, debiendo no obstante, valorarse la prueba y las circunstancias concurrentes en cuanto a la cuantía en que debe ser establecido. La sentencia de instancia fija la misma en 15.000€ considerando la Sala injustificada y excesiva dicha cantidad. Como único medio de prueba de la causación de perjuicios por tal inclusión la demandante aporta un escueto informe médico ratificado por éste en el acto de la vista que afirma que como consecuencia de este hecho se vio empeorada una patología depresiva previa. Acogiendo como cierto tal circunstancia, es la única prueba de causación de perjuicios aportada por la demandante. La inexistencia de perjuicio patrimonial conlleva que deba reducirse la cantidad fijada como indemnización pues la misma estaría abarcando únicamente el perjuicio moral producido y que le ha ocasionado un empeoramiento de una situación previa, por lo que esta sala estima adecuado reducir a la indemnización a 7.500 euros
Resumen: En la demanda se pretendía la indemnización del daño personal causado por un mulo propiedad del demandado, que reaccionó violentamente cuando con la ayuda del demandante se intentaba inmovilizarlo para administrarle una inyección. La responsabilidad del poseedor de un animal es objetiva y solo cede en los casos de fuerza mayor o culpa exclusiva del perjudicado. La carga de acreditar los hechos que eximen de esa responsabilidad incumbe al demandado. La prueba no revela en este caso conducta imprudente alguna por parte del perjudicado con incidencia en el nexo causal, sin que sea siquiera de aplicación a estos supuestos de responsabilidad objetiva la doctrina sobre la exclusión de responsabilidad en caso de previsibilidad del daño.
Resumen: La demanda tenia por objeto la recuperación de la suma transferida desde la cuenta del actor merced al engaño de que fue víctima . La denuncia de incongruencia omisiva precisa de la previa solicitud de complemento de la sentencia apelada. La responsabilidad del proveedor de servicios de pago es cuasi objetiva; la ley invierte la carga de la prueba y hacer recaer sobre la entidad demandada la carga de demostrar que la operación fue autenticada, registrada con exactitud y contabilizada, sin que se viera afectada por fallo técnico o deficiencia del servicio prestado por el proveedor. Incumplimiento de deberes de autoprotección: fuera de los casos de engaño burdo, que cualquier persona puede evitar, no cabe desplazar hacia la víctima la responsabilidad del engaño urdido por el defraudador. En este caso, argumenta la Audiencia, el engaño fue idóneo para provocar el error, sin que concurra negligencia grave del titular de la cuenta.
Resumen: Responsabilidad objetiva del «cabeza de familia» que habite una casa o parte de ella, por las cosas que se arrojen o caigan desde la misma", sin excluir los líquidos. La ausencia de culpa del demandado no es relevante, precisamente porque la responsabilidad que proclama el precepto es objetiva. La prueba revela que la causa principal de los daños que sufrió la vivienda litigiosa -que se agravaron por causa de no hallarse los propietarios en ella, al tratarse de una segunda vivienda que solo se ocupa en temporadas de verano- fue la fuga de agua debida a la rotura de una tubería privativa de la vivienda de los demandados. Valoración de informes periciales parcialmente contrapuestos conforme a las reglas de la sana crítica.
Resumen: La demanda tenia por objeto la reposición de los fondos que salieron de la cuenta bancaria del demandante como consecuencia de una transferencia y otros cuatro pagos por "bizum" no autorizados por la titular. La oposición de la entidad bancaria, prestadora de servicios de pago, se basa en la negligencia grave de la usuaria, que posibilitó el acceso a las claves mediante las que se hicieron las transferencias y pagos. Responsabilidad cuasi-objetiva: salvo en casos de fraude o negligencia grave, es el proveedor de servicios de pago el que responde de la restitución del importe de las operaciones de pago no autorizadas. La Audiencia considera que la usuaria fue víctima de un engaño perpetrado por un delincuente profesional, por lo que su conducta no puede ser considerada gravemente negligente.
